Caso Convenios: Madre de Camila Polizzi queda con arresto domiciliario nocturno

Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío.

La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos.

La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el "caso Lencería", debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas.

En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto.

Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.

Una situación de angustia y aislamiento es la que enfrentan los 9 ex cadetes de Cobreloa, quienes fueron enviados a prisión preventiva por 120 días tras ser acusados de participar en una violación masiva contra una joven. La medida cautelar, considerada una de las más severas en la legislación chilena, recayó sobre Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Apenas han transcurrido dos días desde que fueron recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Calama, y ya se han revelado detalles sobre cómo están viviendo las primeras horas en la cárcel. Según testigos consultados por La Tercera, los jóvenes experimentan momentos de terror y desesperación. "Están bajoneados, se lo pasan llorando. Están urgidos. Esa es la mejor definición para la forma en que están viviendo", relató una fuente.

Se informa que los ex cadetes han mantenido contacto con sus abogados y han recibido encomiendas con artículos esenciales para su estadía en el lugar. Sin embargo, están aislados del resto de la población penal y se les ha negado acceso al patio, debido al riesgo de represalias por parte de otros reclusos.

Los antecedentes del caso apuntan a que los imputados habrían violado y abusado de la joven durante las fiestas patrias del año 2021. El testimonio de la víctima fue determinante en la detención de los acusados, llevada a cabo el jueves 2 de mayo.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos.

La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio.

Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos.

Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.