La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea. Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal. A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes. Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento, afirmó. Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables. Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida. Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes. Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia, sostuvo Núñez.
La Bolsa de Santiago sufrió una jornada de fuertes pérdidas este jueves, marcando su mayor caída desde mayo. Este descenso se produjo en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre las millonarias inversiones en inteligencia artificial (IA). El S&P IPSA retrocedió un 1,88% y cerró en 10.780,31 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 26 de junio. Esta sesión se convirtió en la peor desde el 13 de mayo. De acuerdo con lo informado por Diario Financiero, las pérdidas afectaron a las principales empresas del mercado chileno. De las 31 acciones que conforman el índice, solo cinco lograron cerrar con ganancias. Entre las compañías que más influyeron en la caída se encuentran SQM-B (-3,2%), Copec (-2,9%), Bci (-2,6%), Santander (-2,5%) y Banco de Chile (-2,3%). Además, el IPSA medido en dólares ha alcanzado mínimos del año debido a la significativa depreciación del peso chileno.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis, ha generado controversia a nivel nacional luego de que se revelara que su cartera concedió un total de 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de 2026. Estas rebajas beneficiaron a 27 personas condenadas por abuso sexual y a 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de la mayoría de los implicados. Incluso se confirmó que al menos dos internos del penal Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad como tortura y secuestro, también se vieron favorecidos por esta medida. La noticia, difundida en el programa Meganoticias Prime, desató un intenso debate público debido a las modificaciones legales implementadas en 2022, las cuales excluyen específicamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de cualquier reducción en sus penas. Frente a las críticas recibidas, el ministro Rabat defendió la legalidad de los decretos emitidos durante su gestión en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Según sus declaraciones, la reforma normativa del 2022 no puede aplicarse retroactivamente en detrimento de aquellos condenados cuyas sentencias fueron dictadas antes de dicha fecha, respaldándose en garantías constitucionales y en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Rabat argumentó que las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia se ajustaron rigurosamente a la Constitución, las leyes vigentes y los tratados internacionales. Por lo tanto, afirmó rotundamente que no existen fundamentos legales para iniciar una acusación constitucional por simplemente cumplir con la ley. A pesar de las explicaciones brindadas por el ministro, sectores tanto de la oposición como del oficialismo expresaron su descontento. Figuras políticas como Karla Rubilar exigieron disculpas públicas, solicitaron la renuncia del ministro y llamaron a considerar medidas parlamentarias al respecto. Con el objetivo de evitar futuras situaciones consideradas como un vacío legal, el Gobierno anunció la presentación de proyectos de ley con suma urgencia, buscando cerrar posibles lagunas normativas y prevenir la repetición de este tipo
Una investigación de seis años por presuntos delitos de propiedad intelectual y lavado de activos permitió la detención de 16 personas en las regiones Metropolitana y de La Araucanía. La indagatoria apunta a una presunta red dedicada a retransmitir señales de televisión digital sin autorización. Esta actividad habría generado movimientos de dinero superiores a los $4.500 millones, canalizados mediante distintas plataformas de pago. Durante el operativo, los equipos policiales ingresaron a 14 domicilios e incautaron vehículos y una avioneta, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el funcionamiento de la presunta organización. La investigación considera posibles maniobras de lavado de activos y eventuales delitos relacionados con la propiedad intelectual.
En el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, este martes se rechazó, tras un triple empate, la partida destinada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La votación se produjo en medio de las emergencias que han afectado a distintas zonas del país y de los cuestionamientos sobre la distribución y ejecución de los recursos públicos destinados a enfrentar catástrofes. Pese al rechazo registrado este martes, la partida aún podría ser repuesta durante su discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por 13 senadores y 13 diputados, instancia en la que el Gobierno cuenta con mayoría. Pese a ello, la restitución de los recursos podría abrir un nuevo debate debido a que el Gobierno ha argumentado que muchos de los recursos recortados a Senapred correspondían a fondos que no habían sido postulados desde el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del servicio. Desde la oposición, en cambio, han planteado que el Ejecutivo debería asignar y ejecutar directamente esos recursos, en lugar de dejar esa responsabilidad en manos de los municipios. En caso de que la partida vuelva a ser rechazada durante la discusión en Sala, el reglamento contempla que se mantenga la propuesta ingresada originalmente por el Gobierno. Por ello, todavía existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación presupuestaria. Sobre esto se refirió el senador Renzo Trisotti (REP), quien indicó que si se miran las partidas de manera integral, se evidencia un aumento marginal. “Por lo tanto, uno esperaría que se tome en consideración esto”, señaló. “Por supuesto que todos queremos más recursos para un año que ha sido especialmente complejo. Lamentablemente, se gana con votos y espero que durante el resto de la tramitación podamos llegar a un acuerdo en que estén todos los recursos, pero con mucha eficiencia”, explicó.
La indicación presentada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), contempla penas de hasta 15 años de cárcel, multas de hasta 10.000 UTM y bloqueo judicial permanente para los operadores ilegales en el proyecto que regula las apuestas en línea. Esta propuesta busca endurecer las sanciones contra los operadores ilegales e impedir que continúen funcionando mediante cambios de dominio. Además, establece un mecanismo de bloqueo judicial permanente y sanciones contra quienes administren, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal. A diferencia del modelo que entrega licencias a operadores privados, Núñez propone mantener la explotación digital de los juegos autorizados exclusivamente en manos de Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, dentro de las actividades permitidas por sus respectivas leyes. Esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento, afirmó. Núñez pide cárcel y bloqueo permanente a casas de apuestas ilegales Las penas más altas se aplicarían en casos agravados, como la captación deliberada de menores de edad o la continuidad de operaciones ilegales mediante mecanismos destinados a evadir una orden judicial. También se consideran agravantes cuando existan vínculos con organizaciones criminales o se utilicen identidades falsas y sociedades ficticias para ocultar a los responsables. Otro punto central es la creación de un procedimiento ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para ordenar el bloqueo permanente de sitios y aplicaciones mientras se mantengan las condiciones que justificaron la medida. Las restricciones podrían extenderse a nuevos dominios, previa verificación judicial. Los proveedores tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las órdenes. Cambiar de nombre, aplicación o dirección no puede ser una forma para eludir la justicia, sostuvo Núñez.
