Un registro audiovisual revelado por T13 mostró el momento exacto en que el diputado Javier Olivares fue agredido durante una actividad realizada en un club deportivo de la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso. El incidente tuvo lugar en la madrugada del 10 de mayo, cuando el parlamentario se encontraba en el Club Deportivo Montevideo. En las imágenes difundidas se observa cómo Olivares recibe un golpe en medio de un altercado ocurrido al interior del recinto. Según los antecedentes entregados por Carabineros, tras la agresión, el diputado denunció haber sido atacado por un grupo de individuos, y uno de sus asesores también resultó afectado, ambos acudiendo a constatar lesiones posteriormente. Dos hombres de 37 y 39 años fueron detenidos en relación con este caso en los días siguientes al suceso. De acuerdo con la versión proporcionada por Olivares, el ataque tendría motivaciones políticas, mencionando incluso referencias a la izquierda antes de ser golpeado. No obstante, desde el Club Deportivo Montevideo rechazaron esta versión y afirmaron que el conflicto se desencadenó después de un incidente entre el parlamentario y una mujer presente en el evento. Según explicó el presidente del recinto, el esposo de la mujer reaccionó golpeando al diputado. https://www.instagram.com/reels/DY00OoUlR3m/ Fuente: Publimetro
Una investigación interna de Junaeb reveló un presunto fraude millonario en la entrega de onces escolares para alumnos vulnerables en la región de O’Higgins. Según el reportaje de T13, la irregularidad se originó en una licitación adjudicada en 2019 a la empresa Servicios Tecnológicos Coordenadas (SOSER), encargada de proveer colaciones a establecimientos educacionales. La auditoría interna de Junaeb descubrió que gran parte de las raciones pagadas nunca llegaron a los estudiantes. El director nacional del organismo, Fernando Peña, señaló que se detectaron onces adjudicadas sin ninguna prestación a cambio. Entre las colaciones cuestionadas se encontraban preparaciones simples como leche con sándwich o avena con fruta y té, cuyo valor superaba los $8 mil por ración hacia 2023, una cifra considerada excesiva por la actual administración. Según los antecedentes, durante 2019 se proyectaron más de un millón de onces, pero solo se habrían entregado cerca de 579 mil, generando un déficit cercano al 43%. Los pagos continuaron realizándose a pesar de esta situación. Además, se sospecha que el exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, autorizó modificaciones al contrato que aumentaron el pago fijo a la empresa desde un 40% a un 60%. Layseca actualmente trabaja como asesor legal de SOSER y ha negado cualquier conflicto de interés o beneficio durante su paso por el servicio público. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. El Gobierno ha anunciado que perseguirá posibles responsabilidades administrativas y penales. En respuesta a este escándalo, Junaeb ha informado que ampliará las auditorías a otros contratos para descartar que este tipo de irregularidades se hayan repetido en nuevas licitaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional
Un registro audiovisual revelado por T13 mostró el momento exacto en que el diputado Javier Olivares fue agredido durante una actividad realizada en un club deportivo de la comuna de Olmué, en la región de Valparaíso. El incidente tuvo lugar en la madrugada del 10 de mayo, cuando el parlamentario se encontraba en el Club Deportivo Montevideo. En las imágenes difundidas se observa cómo Olivares recibe un golpe en medio de un altercado ocurrido al interior del recinto. Según los antecedentes entregados por Carabineros, tras la agresión, el diputado denunció haber sido atacado por un grupo de individuos, y uno de sus asesores también resultó afectado, ambos acudiendo a constatar lesiones posteriormente. Dos hombres de 37 y 39 años fueron detenidos en relación con este caso en los días siguientes al suceso. De acuerdo con la versión proporcionada por Olivares, el ataque tendría motivaciones políticas, mencionando incluso referencias a la izquierda antes de ser golpeado. No obstante, desde el Club Deportivo Montevideo rechazaron esta versión y afirmaron que el conflicto se desencadenó después de un incidente entre el parlamentario y una mujer presente en el evento. Según explicó el presidente del recinto, el esposo de la mujer reaccionó golpeando al diputado. https://www.instagram.com/reels/DY00OoUlR3m/ Fuente: Publimetro
Una investigación interna de Junaeb reveló un presunto fraude millonario en la entrega de onces escolares para alumnos vulnerables en la región de O’Higgins. Según el reportaje de T13, la irregularidad se originó en una licitación adjudicada en 2019 a la empresa Servicios Tecnológicos Coordenadas (SOSER), encargada de proveer colaciones a establecimientos educacionales. La auditoría interna de Junaeb descubrió que gran parte de las raciones pagadas nunca llegaron a los estudiantes. El director nacional del organismo, Fernando Peña, señaló que se detectaron onces adjudicadas sin ninguna prestación a cambio. Entre las colaciones cuestionadas se encontraban preparaciones simples como leche con sándwich o avena con fruta y té, cuyo valor superaba los $8 mil por ración hacia 2023, una cifra considerada excesiva por la actual administración. Según los antecedentes, durante 2019 se proyectaron más de un millón de onces, pero solo se habrían entregado cerca de 579 mil, generando un déficit cercano al 43%. Los pagos continuaron realizándose a pesar de esta situación. Además, se sospecha que el exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, autorizó modificaciones al contrato que aumentaron el pago fijo a la empresa desde un 40% a un 60%. Layseca actualmente trabaja como asesor legal de SOSER y ha negado cualquier conflicto de interés o beneficio durante su paso por el servicio público. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. El Gobierno ha anunciado que perseguirá posibles responsabilidades administrativas y penales. En respuesta a este escándalo, Junaeb ha informado que ampliará las auditorías a otros contratos para descartar que este tipo de irregularidades se hayan repetido en nuevas licitaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, salió este miércoles a enfrentar la polémica generada tras reconocer que el gobierno de José Antonio Kast continuará utilizando parte de la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Tras una extensa reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, el secretario de Estado defendió que en materia de seguridad “ no corresponde refundar” programas que han mostrado resultados, insistiendo en que las políticas exitosas deben mantenerse y actualizarse según la evolución del crimen organizado. “ Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”, afirmó el secintegrante del Gobierno. En esa línea, aseguró que iniciativas como el Plan Cuadrante, el programa ECOH y otros modelos de coordinación entre policías y Fiscalía seguirán funcionando. El ministro recalcó que la actual administración operará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública vigente, promulgada durante el gobierno anterior y con duración de seis años, aunque aclaró que el Ejecutivo implementará su propia estrategia operativa. “Si alguien pretende en materia de seguridad refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado”, sostuvo. Las declaraciones se producen luego de las críticas surgidas desde sectores oficialistas y de la oposición tras los dichos iniciales de Arrau sobre aplicar el denominado “Plan de Boric” en seguridad. Consultado directamente sobre si había sido un error referirse en esos términos, Arrau evitó profundizar en la controversia y señaló: “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses y la estrategia, el plan, la acción que es lo que estamos ejercitando desde estos días. Además, anunció que el gobierno pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley en seguridad y adelantó que parte de las nuevas medidas serán dadas a conocer en la próxima Cuenta Pública presidencial. Fuente: ADN Radio Nacional
El Presidente José Antonio Kast llevó a cabo la promulgación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el Estadio Nacional, destacando su importancia para ordenar la casa del fútbol chileno y recuperar su esencia familiar. En su discurso, el Mandatario hizo referencia a sus vivencias personales, al periodismo deportivo y realizó un llamado contundente a erradicar la violencia en los estadios. El fútbol no solamente es un deporte es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que debe unir y no dividir, expresó. El Presidente Kast afirmó que la nueva normativa contribuirá a transparentar la propiedad de los clubes, evitar conflictos de interés y fortalecer la supervisión financiera. Es extraño que un dueño tenga dos clubes que compitan entre sí, señaló al destacar el fin de la multipropiedad que introduce la reforma. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de recuperar el ambiente familiar en los recintos deportivos. Me tocó llevar a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey americano, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar, compartió. En el evento, el jefe de Estado instó a avanzar en infraestructura deportiva y aseguró que los grandes clubes merecen contar con estadios propios. Que no sea más un meme preguntar ‘¿dónde está tu estadio?’ Esto debe ser una política de Estado, enfatizó. La ley, que fue aprobada luego de más de una década de proceso legislativo, incluye medidas como la separación de funciones entre la federación y las ligas profesionales, mayores requisitos de transparencia financiera y la prohibición de que representantes de jugadores tengan participación en clubes. El Presidente resaltó especialmente el papel del senador Matías Walker, quien ha sido un impulsor histórico de esta iniciativa. Además, aseguró que la reforma busca elevar los estándares del fútbol chileno y atraer nuevas inversiones. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha presentado los resultados iniciales del “Plan Inspección Total”, una auditoría ordenada por el Presidente José Antonio Kast que examinó los registros financieros y administrativos desde 2022 hasta marzo de 2026. De acuerdo con el informe, se analizaron más de 913 millones de registros relacionados con compras públicas, contratos, programas estatales y transferencias. Como resultado de este proceso, se han identificado alertas relacionadas con recursos públicos por un total de US$9.200 millones. Uno de los descubrimientos principales es la postergación de pagos desde 2025 hasta 2026 por alrededor de US$3.200 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB. Según el Ejecutivo, esta situación habría impactado en los pagos a proveedores del Estado, programas sociales, servicios de salud y aproximadamente 10 mil pymes. El comité también ha encontrado que más de US$3.000 millones fueron gastados en compras realizadas a través de tratos directos o compras rápidas en casos donde se podrían haber utilizado procesos competitivos de licitación pública. Además, la auditoría ha identificado patrones considerados preocupantes, como rendiciones insuficientes de recursos, incumplimientos contractuales, concursos públicos desiertos y dificultades en la recuperación de subsidios por licencias médicas. Entre los organismos sujetos a revisión se encuentran Junaeb, el Ministerio de la Mujer, PRODEMU, el Ministerio de Transportes y servicios relacionados con el Ministerio de Ciencia, debido a posibles irregularidades detectadas en programas, convenios y transferencias de recursos. Por último, las autoridades han enfatizado que las alertas identificadas no implican necesariamente la comisión de delitos, aunque han advertido que en aquellos casos donde existan pruebas suficientes, la información será remitida a la Contraloría General de la República (CGR). Fuente: ADN Radio Nacional