Royalty Minero: Más de 93 mil millones de pesos beneficiarán a 307 comunas del país

La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible.

Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país.

La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones.

De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.

Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso.

Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.

El presidente Gabriel Boric, se unió a la comunidad de Curanilahue en la despedida del suboficial mayor de Carabineros, Misael Vidal, quien perdió la vida en un lamentable suceso junto a otros dos colegas, cayó víctima de una emboscada en la comuna de Cañete el pasado fin de semana.

El funeral está programado para llevarse a cabo a las 12:30 horas.

El cortejo fúnebre, que recorrió las calles de la localidad, fue acompañado por numerosos ciudadanos y estudiantes de las escuelas cercanas, quienes quisieron rendir un último tributo al suboficial Vidal.

Sin embargo, el clima se vio empañado por algunos incidentes, especialmente al momento de la llegada del presidente Boric y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ambos fueron recibidos con abucheos y manifestaciones de descontento por parte de algunos asistentes, quienes expresaron su rechazo hacia las autoridades gubernamentales.

Entre los gritos de disconformidad, se escucharon consignas como "¡Que se vaya!", evidenciando un clima de tensión en medio del acto de despedida.

Además del funeral de Misael Vidal, también están programados los servicios fúnebres de los otros dos suboficiales de Carabineros fallecidos en el mismo ataque, Sergio Arévalo y Carlos Cisternas, cuyos restos serán sepultados en el cementerio de Lebu.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos.

La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio.

Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos.

Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.