Gobierno presenta proyecto de ley para realizar elecciones regionales y municipales en dos días

Este pasado martes el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que propone una significativa modificación en el proceso electoral, permitiendo que las próximas elecciones regionales y municipales se lleven a cabo en dos días consecutivos. Esta iniciativa, que será debatida con suma urgencia, busca optimizar el proceso electoral y garantizar una participación más fluida de los votantes.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, fue el encargado de detallar los aspectos fundamentales de este proyecto. Según explicó, además de extender la votación a dos días, se considera la implementación de feriados especiales para ambos días y la eliminación de la conocida "ley seca".

Inicialmente, estas elecciones estaban programadas para el 27 de octubre, fecha en la que los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. Con la obligatoriedad del voto, estipulada por el Servicio Electoral (Servel), se prevé una jornada que podría extenderse hasta 13 horas, lo que justifica la necesidad de extender el sufragio a dos días.

El ministro Elizalde señaló que esta no sería una experiencia inédita, recordando que la votación anterior de los mismos cargos, realizada en mayo de 2021, también se llevó a cabo en dos días. El proyecto también contempla que el domingo 27 de octubre sea un feriado irrenunciable para facilitar la participación de los votantes, mientras que el sábado 26 sería considerado un feriado normal.

Además de estos aspectos, el proyecto propone poner fin a la prohibición de venta de alcohol durante el día de las elecciones, conocida como ley seca. Se busca también establecer un adelanto en la presentación de los gastos electorales para prevenir conductas ilícitas y se plantea una regulación de las campañas electorales en las redes sociales, así como un procedimiento más expedito para la designación de vocales de mesa.

En cuanto al financiamiento, la iniciativa gubernamental sugiere una "modificación a la baja" de los montos que se entregan a los partidos políticos y candidaturas independientes por voto recibido.

El ministro Elizalde concluyó explicando que este proyecto aborda las elecciones de este año y que existe otro proyecto de ley que contempla mecanismos, como el voto anticipado, que podrían resolver cuestiones relacionadas con la jornada de votación.

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.