Paro nacional: CUT realiza intervención en el Palacio de La Moneda

Este jueves, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) encabezó un paro nacional en conjunto con movilizaciones a lo largo del país, marcando una jornada de protesta que culminó con una intervención en el interior del Palacio de La Moneda. Los trabajadores, bajo el liderazgo de la agrupación sindical, partieron desde Plaza Baquedano en Santiago y se dirigieron hacia el Palacio Presidencial, donde realizaron una acción de protesta.

David Acuña, presidente de la CUT, destacó la importancia de que el Gobierno escuche las demandas de los trabajadores. "Necesitamos que el Estado hoy día nos escuche, por eso estamos acá en La Moneda", enfatizó Acuña. Durante la intervención en el Palacio de Gobierno, Acuña dirigió críticas hacia el Presidente Gabriel Boric, instando a que las demandas de los trabajadores no solo sean escuchadas en mesas de diálogo, sino que también se traduzcan en soluciones concretas.

Entre las principales demandas de la CUT se encuentran mejoras en las condiciones laborales para los trabajadores del país, lo que motivó la convocatoria del paro nacional. "Nos manifestamos acá diciendo: trabajadores, trabajadoras, pobladores, estudiantes, pequeñas y medianas empresas, más unidos que nunca, el movimiento social sigue vivo y vamos a manifestar en todos los espacios del poder", declaró Acuña.

La intervención en el Palacio de La Moneda tuvo lugar en el Patio de Los Naranjos, donde incluso trabajadores del propio Palacio se sumaron a la manifestación, junto con otros funcionarios públicos que desplegaron un lienzo al interior. Acuña también hizo referencia al reciente asesinato del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, destacando las condiciones precarias en las que trabajan algunos funcionarios públicos.

Además, Acuña lamentó la falta de atención hacia los trabajadores del Palacio de Gobierno, quienes "no han sido escuchados y eso es lamentable. Conviven todos los días con el presidente y el presidente los ve como invisibles".

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.