Revocan arresto domiciliario de socio de Factop y ordenan su prisión preventiva

A pesar de haber eludido la prisión preventiva durante su formalización el pasado 10 de abril, Rodrigo Topelberg, socio de Factop, no pudo evitar la medida cautelar tras la apelación presentada por la Fiscalía Oriente ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Inicialmente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago había decretado arresto domiciliario nocturno para Topelberg, pero la Fiscalía apeló y durante la audiencia de apelación, argumentó sobre la necesidad de que el empresario cumpliera prisión preventiva, alegando falta de colaboración en la investigación y un grado de participación delictual similar al de su socio, Daniel Sauer.

La decisión de la Corte de Apelaciones fue unánime, con 3 votos en contra, enviando a Topelberg a la prisión de Capitán Yaber. Los magistrados Jorge Zepeda, Aljendto Rivera y la abogada integrante Paola Herrera respaldaron esta resolución.

La Fiscalía expuso que Topelberg no ha prestado declaración en la investigación, argumentando que su actuación no puede considerarse como colaboración sustancial. Además, señalaron la adquisición de bienes raíces por parte de Topelberg y Sauer, por un total de $908.725.879 en efectivo durante el año 2020, como indicios de posibles delitos de lavado de activos.

Por el momento, la Fiscalía no ha imputado a Topelberg por lavado de activos, pero la posibilidad sigue abierta. El caso Factop continúa siendo objeto de investigación para los socios de la empresa de factoring.

Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío.

La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos.

La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el "caso Lencería", debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas.

En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto.

Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha anunciado que el juicio contra los miembros del clan Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua, se reanudará de manera semipresencial el próximo lunes 6 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta medida permitirá la participación de los 38 imputados, quienes se encuentran en diversos penales de Chile.

Este juicio, en el que se abordan 22 delitos que incluyen homicidio, secuestro y otros, contará con la presencia tanto de la defensa como de parte de la Fiscalía en la sala de audiencias. Los 38 acusados, de los cuales 34 son venezolanos y 4 chilenos, serán conectados desde los Centros Penitenciarios de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción.

Gendarmería, responsable de la custodia de los reclusos, deberá informar al tribunal las medidas adoptadas para garantizar la conexión y la debida mantención de la misma durante el desarrollo del juicio. Además, se espera que se detallen las acciones implementadas para que los imputados puedan comunicarse con sus abogados defensores, con el fin de prevenir posibles incidencias en el proceso legal.

El plazo para que Gendarmería entregue esta información vence el 2 de mayo próximo, dos días antes de la reanudación del juicio. Con esta iniciativa, se busca asegurar la continuidad y la transparencia del proceso judicial, considerando la complejidad y la relevancia de los delitos imputados al clan Los Gallegos.