Ofician a ministras Fernández y Tohá involucrar a FFAA en debate sobre RUF
El contenido de los oficios destaca la importancia de conocer la opinión de las autoridades militares sobre el proyecto, especialmente a raíz de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el pasado 4 de marzo.
Las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana han extendido una invitación formal a los Ministerios de Defensa e Interior, en busca de la participación de las autoridades de las Fuerzas Armadas en una próxima discusión legislativa. Esta iniciativa surge en el contexto del debate sobre el proyecto que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en la Cámara de Diputadas y Diputados.
A pesar de los pronunciamientos previos del Gobierno que desestimaron la intervención de las Fuerzas Armadas en el debate político, las comisiones legislativas han tomado la iniciativa de invitar a las autoridades pertinentes. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiteró la postura gubernamental durante una sesión reciente, argumentando que las FFAA no participarán en discusiones políticas debido a su naturaleza jerarquizada y no deliberante.
En dos comunicaciones dirigidas a las ministras Carolina Tohá y Maya Fernández, las comisiones parlamentarias extendieron la invitación para una sesión programada el 3 de abril. El propósito de esta convocatoria es dar continuidad a la tramitación específica del proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como de las fuerzas armadas, en circunstancias definidas.
El contenido de los oficios destaca la importancia de conocer la opinión de las autoridades militares sobre el proyecto, especialmente a raíz de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el pasado 4 de marzo.
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En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.
La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.
Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.
En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.
Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.
El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q
— Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
19 de abril de 2024
Diputada Catalina Pérez declara ante Unidad de Anticorrupción por caso Democracia Viva
El abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la parlamentaria, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio.
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A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.
Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.
Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.
El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
19 de abril de 2024
Rechazan cautela de garantía para alcalde Daniel Jadue tras frustrado viaje a Venezuela
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago negó la solicitud de la defensa del alcalde de Recoleta, quien buscaba participar en un evento internacional en Venezuela, tras ser detenido por la PDI debido a una alerta por su situación judicial.
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