Ipsos: Chile lidera preocupaciones mundiales en crimen y violencia

El reciente informe mensual de Ipsos, titulado "Preocupaciones del Mundo" correspondiente a febrero de 2024, reveló datos significativos sobre las percepciones globales de más de 25 mil personas en 29 países, destacando a Chile como una nación con preocupaciones específicas y crecientes.

El sondeo destacó que Chile se posicionó como el país más preocupado por el crimen y la violencia, con un 69%, alcanzando su nivel más alto registrado en este tema, con una variación de cuatro puntos porcentuales desde la última encuesta. Esta cifra duplica considerablemente el promedio global del 30%, superando incluso a países como México y Suecia.

Además, el control de la inmigración se convirtió en la segunda mayor preocupación para los chilenos, con un aumento significativo de 11 puntos porcentuales, alcanzando el 45%. Este dato sitúa a Chile en la vanguardia de las preocupaciones mundiales sobre este tema, triplicando el promedio global del 16%.

Jean-Christophe Salles, CEO Latam de Ipsos, destacó que "la preocupación de los chilenos por el crimen y la violencia ha alcanzado su máximo nivel registrado, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica", agregando que "la preocupación por el control de la inmigración es una especificidad chilena dentro de Latinoamérica y esta preocupación está en aumento desde los últimos cinco meses".

La corrupción financiera o política fue identificada como la tercera mayor preocupación, con un 30%, colocándonos como el tercer país latinoamericano con el mayor porcentaje en este tema, superando el promedio global del 26%.

El top 5 de preocupaciones lo completan la inflación, con un descenso de 9 puntos porcentuales (28%), y el desempleo, con una baja de cuatro puntos respecto a enero (26%). De manera notable, los encuestados se muestran como los menos preocupados por los impuestos entre los países medidos, con solo un 5% que lo señala como una inquietud, muy por debajo del promedio global del 17%.

A nivel mundial, la inflación se mantiene como la principal preocupación por 22º mes consecutivo, seguida de cerca por la pobreza y desigualdad, el crimen y la violencia, la corrupción y el desempleo.

Jean-Christophe Salles concluyó que "observamos una tendencia a la concentración de las preocupaciones de los chilenos sobre temas de sociedad como crimen y violencia, inmigración o corrupción, y menos preocupaciones por temas económicos como la inflación, pobreza y desigualdad".

En cuanto al rumbo del país, un 32% de los chilenos cree que vamos en la dirección correcta, mientras que un 68% piensa lo contrario. Estos porcentajes sitúan a Chile por debajo del promedio mundial, que es del 40% y 60%, respectivamente.

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.