Las difíciles condiciones en las que trabajan los gendarmes para entender el paro
Dirigentes del gremio contaron a Radio Universidad de Chile detalles sobre las pésimas condiciones en las que desempeñan sus labores. La falta de personal, horas de descanso casi nulas y la escasez de servicios higiénicos son algunos de los principales problemas. Jornadas laborales extensas, falta de implementos de seguridad, precariedad en los servicios […]
Dirigentes del gremio contaron a Radio Universidad de Chile detalles sobre las pésimas condiciones en las que desempeñan sus labores. La falta de personal, horas de descanso casi nulas y la escasez de servicios higiénicos son algunos de los principales problemas.
Jornadas laborales extensas, falta de implementos de seguridad, precariedad en los servicios higiénicos y la ausencia de horas de descanso en medio del trabajo son algunas de las difíciles situaciones que enfrentan a diario los gendarmes de todo el país.
Muchos viven abrumados. Al riesgo de trabajar en una cárcel se suma el estrés de tener que desempeñar sus labores en instalaciones que no cumplen con las condiciones mínimas, lo que repercute en ellos, incluso, hasta el suicidio.
Estas vicisitudes motivaron el paro de Gendarmería que este miércoles cumple tres días, para exigir mejoras en las condiciones laborales y salariales.
Radio Universidad de Chile quiso ahondar en esta realidad y conversamos con algunos de sus dirigentes, para comprender los motivos de una acción que el gobierno ha intentado invisibilizar.
“La labor de nuestros funcionarios centinelas es paupérrima, denigrante. Trabajan prácticamente en esclavitud. Muchos trabajan seis, siete y hasta sesenta días corridos por uno de descanso. O sea, en tres meses- con suerte- tienen dos o tres días libres. Son condiciones inhumanas”, señala a nuestro medio Jaime Anticoy, vicepresidente de la Asociación de Gendarmes.
Estas extensiones de jornada se deben a la falta de personal en la institución y la sobrepoblación de las cárceles, lo que repercute directamente en los gendarmes de más bajo rango que deben trabajar hasta 20 horas diarias y casi sin descanso. “A veces alcanzan las 500 horas mensuales y esas horas extras no se les pagan”, enfatiza el dirigente.
Así, dice Anticoy, los funcionarios casi no tienen vida personal. Para muchos, incluso, es impensado tener familia o realizar actividades que los distraigan del quehacer laboral.
El estrés al que se enfrentan a diario hace necesaria la ayuda sicológica, que difícilmente pueden obtener ya que habría sólo un profesional por región que, evidentemente, no da abasto con todas las solicitudes de atención.
Anticoy sostuvo que muchos de sus compañeros vieron el suicidio como la única forma de escapar de esta realidad. Otros, en tanto, han sufrido infartos a temprana edad, algunos con resultado fatal. Para él, estos casos responden a la presión y el estrés al que están sometidos.
Condiciones básicas
El almuerzo, algo tan fundamental para el ser humano, se ha transformado en una verdadera complicación para los gendarmes. Pese a que existe un casino y hay un horario formal de 45 minutos, la falta de personal que los releve les obliga a comer lo más rápido posible para no descuidar el trabajo. “Una riña, un altercado entre bandos, puede ser fatal para los presos y significar una sanción para los gendarmes”, explica Anticoy.
Los implementos de seguridad son otro problema. La precariedad de éstos ha llegado a poner en riesgo la vida de los funcionarios. “Hay varios casos en los que compañeros han salido heridos porque los implementos de seguridad no son los adecuados. Los chalecos que compran acá muchas veces son de tallas menores y no cubren adecuadamente. Un chaleco anti puñal y un bastón retráctil de goma no es suficiente”, expresa el dirigente.
En esa misma línea, apunta a la falta de carros- y la precariedad de éstos- para el traslado de los presos, los que no cuentan con aire acondicionado ni calefacción, siendo un potencial peligro para los reos.
“Con el calor de estos días, por ejemplo, un carro en vías de tránsito casi alcanza los 50 grados. Entonces, si se muere un interno, se piensa que el funcionario lo torturó. No son carros que vayan en la línea de la protección de los derechos humanos”, señala.
Lo anterior se suma a las escasas condiciones higiénicas en los recintos penitenciarios, donde la mayoría de los gendarmes también reside. La falta de duchas y baños son el principal problema.
“En la cárcel de Puente Alto, por ejemplo, hay dos duchas para 35 funcionarios. En la mañana, muchas veces, cuestionan a los gendarmes por llegar cinco minutos atrasados y los sancionan, cuando no nos dan las condiciones necesarias. Eso se da en la mayoría de las cárceles del país”, dice.
En regiones
Esta difícil realidad se vive también en las cárceles de región, donde también hay hacinamiento, falta de recursos y personal, y las instalaciones están en mal estado.
Patricio Provoste, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) y gendarme de la cárcel de Valparaíso, cuenta que “en Gendarmería, durante años, hemos administrado pobreza”.
“El diario vivir es una pesadilla para los funcionarios y los internos. Todos los días debemos destapar los shaft de los desagües de los baños. Todos los días lidiamos con el riesgo que implica hacer un allanamiento para incautar drogas y armas. Los espacios son pequeños y los internos se abocan a construir elementos prohibidos y no dedicarse a la reinserción, que es a lo que deberían abocarse las cárceles de Chile”, subraya.
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En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.
La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.
Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.
En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.
Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.
El Fiscal Regional de #Antofagasta, Juan Castro Bekios, se refirió a las últimas diligencias practicadas en Santiago, en la arista Democracia Viva del #CasoConvenios. pic.twitter.com/2FkLykoD1q
— Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) April 19, 2024
Diputada Catalina Pérez declara ante Unidad de Anticorrupción por caso Democracia Viva
El abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la parlamentaria, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio.
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A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.
Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.
Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.
El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.
Rechazan cautela de garantía para alcalde Daniel Jadue tras frustrado viaje a Venezuela
El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago negó la solicitud de la defensa del alcalde de Recoleta, quien buscaba participar en un evento internacional en Venezuela, tras ser detenido por la PDI debido a una alerta por su situación judicial.
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