Tras su renuncia: Revelan 12 filtraciones del exdirector de PDI a abogado Hermosilla

El viernes pasado, personal del OS7 de Carabineros allanó la casa y oficina del ex alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en medio de una creciente investigación por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La orden de entrada y registro fue solicitada por la Fiscalía Oriente el 14 de marzo pasado y se fundamentó en las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla.

Según fuentes de la Fiscalía, desde el dispositivo móvil de Hermosilla se obtuvo información que implica directamente a Muñoz en hechos constitutivos de delitos. Ante estas revelaciones, el Ministerio Público solicitó formalizar cargos contra Muñoz, con una audiencia programada para el próximo martes 19 de marzo a las 9:00 horas.

En la noche del viernes, Muñoz presentó su renuncia como director general de la institución. Sin embargo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reveló que el Gobierno había instado a Muñoz a dejar su cargo tras conocer las investigaciones en su contra.

Los detalles de este escándalo de corrupción se desvelaron gracias a un reportaje publicado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), basado en información proporcionada por la Fiscalía Oriente Metropolitana. Según el reporte, Muñoz habría estado filtrando información a Hermosilla apenas 13 días después de asumir su cargo como máximo jefe de la PDI. Esta información sensible incluía detalles de al menos cinco causas judiciales, algunas de las cuales implicaban a altas autoridades del gobierno anterior.

La relación entre Muñoz y Hermosilla, según la Fiscalía, se evidencia en más de 510 mensajes enviados y recibidos entre ambos, lo que ha llevado a la apertura de una nueva causa penal contra el exdirector general de la PDI.

Las 12 filtraciones de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla durante su mandato en la PDI:

Caso Héctor Espinosa (21 de junio de 2021): Reenvía oficio de fiscal Eugenio Campos pidiendo antecedentes sobre el cobro de cheques.
Caso Héctor Espinosa (14 de julio de 2021): Reenvía oficio de fiscal Eugenio Campos pidiendo el nombre de funcionarios que trabajaron en el gabinete de Espinosa.
Caso Héctor Espinosa (13 de septiembre de 2021): Reenvía oficio del fiscal Eugenio Campos no detallado.
Caso Héctor Espinosa (20 de septiembre de 2021): Informa que el fiscal Eugenio Campos lo citó a declarar en la causa.
Caso Héctor Espinosa (14 de octubre de 2021): Diálogo sobre la discusión de cautelares para Espinosa. Se menciona que la “hoja de vida” está desaparecida.
Caso Dominga (25 de octubre de 2021): Informa que se solicitarán antecedentes contractuales, contables y extracontables sobre la compraventa de la minera.
Caso Enjoy (2 de noviembre de 2021): Informa de la citación para declarar como testigo del exsubsecretario de Hacienda Francisco Moreno Guzmán.
Caso Dominga (5 de noviembre de 2021): Informa que la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI) irá a pedir la entrega de información bursátil a la empresa Minería Activa Uno Spa.
Caso Dominga (8 de noviembre de 2021): Informa que se pedirán las escrituras de una serie de sociedades vinculadas a la compraventa (Bancorp, Odisea y más).
Caso Raúl Torrealba (12 de noviembre de 2021): Reenvía foto del esquema de corrupción de Vitacura donde aparece el rol de Felipe Guevara.
Caso Felipe Guevara (17 de noviembre de 2021): Informa que se solicitarán copias de los correos de Felipe Guevara de su época como intendente de la Región Metropolitana.
Caso Héctor Espinosa (22 de abril de 2022): Reenvía requerimiento del fiscal Eugenio Campos que pedía ir a BancoEstado a averiguar sobre cheques cobrados.

Una situación de angustia y aislamiento es la que enfrentan los 9 ex cadetes de Cobreloa, quienes fueron enviados a prisión preventiva por 120 días tras ser acusados de participar en una violación masiva contra una joven. La medida cautelar, considerada una de las más severas en la legislación chilena, recayó sobre Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Apenas han transcurrido dos días desde que fueron recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Calama, y ya se han revelado detalles sobre cómo están viviendo las primeras horas en la cárcel. Según testigos consultados por La Tercera, los jóvenes experimentan momentos de terror y desesperación. "Están bajoneados, se lo pasan llorando. Están urgidos. Esa es la mejor definición para la forma en que están viviendo", relató una fuente.

Se informa que los ex cadetes han mantenido contacto con sus abogados y han recibido encomiendas con artículos esenciales para su estadía en el lugar. Sin embargo, están aislados del resto de la población penal y se les ha negado acceso al patio, debido al riesgo de represalias por parte de otros reclusos.

Los antecedentes del caso apuntan a que los imputados habrían violado y abusado de la joven durante las fiestas patrias del año 2021. El testimonio de la víctima fue determinante en la detención de los acusados, llevada a cabo el jueves 2 de mayo.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos.

La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio.

Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos.

Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.