Director de la PDI enfrentará formalización por caso audios-Luis Hermosilla

El director nacional de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se encuentra bajo el escrutinio de la justicia. La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la formalización de Muñoz en relación al caso conocido como "caso audios", derivado de la polémica grabación filtrada del abogado Luis Hermosilla.

La grabación, que salió a la luz en noviembre pasado, ha puesto en entredicho a varios funcionarios del Estado, incluyendo presuntas conversaciones sobre coimas dirigidas a miembros del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en favor de las empresas de Daniel Sauer.

Este viernes, el Ministerio Público procedió con allanamientos en el domicilio y la oficina de Muñoz, tras obtener órdenes de entrada y registro. Estas acciones se basan en pericias realizadas al celular de Hermosilla, las cuales, según la Fiscalía, proporcionan evidencia de posibles delitos que involucran directamente al director de la PDI.

La Fiscalía solicitó formalizar a Muñoz por presunta infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 del Código Penal, relacionado con el secreto de investigaciones. La audiencia de formalización está programada para el martes 19 de marzo a las 9:00 horas.

En medio de este panorama, tanto el director de la PDI como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, enfrentan procesos judiciales como imputados. Yáñez será formalizado en mayo próximo por su eventual responsabilidad de mando en hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

El artículo 31 de la Ley 19.913 prohíbe la entrega o difusión de información relacionada con investigaciones en curso, imponiendo sanciones a quienes violen esta disposición, incluidos funcionarios públicos. Esta ley aborda una amplia gama de delitos, desde aquellos relacionados con el mercado de valores hasta disposiciones en el ámbito tributario.

Muñoz, quien asumió como director de la PDI en junio de 2021, había prometido establecer una policía "transparente".

Una situación de angustia y aislamiento es la que enfrentan los 9 ex cadetes de Cobreloa, quienes fueron enviados a prisión preventiva por 120 días tras ser acusados de participar en una violación masiva contra una joven. La medida cautelar, considerada una de las más severas en la legislación chilena, recayó sobre Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Apenas han transcurrido dos días desde que fueron recluidos en el Centro de Detención Preventiva de Calama, y ya se han revelado detalles sobre cómo están viviendo las primeras horas en la cárcel. Según testigos consultados por La Tercera, los jóvenes experimentan momentos de terror y desesperación. "Están bajoneados, se lo pasan llorando. Están urgidos. Esa es la mejor definición para la forma en que están viviendo", relató una fuente.

Se informa que los ex cadetes han mantenido contacto con sus abogados y han recibido encomiendas con artículos esenciales para su estadía en el lugar. Sin embargo, están aislados del resto de la población penal y se les ha negado acceso al patio, debido al riesgo de represalias por parte de otros reclusos.

Los antecedentes del caso apuntan a que los imputados habrían violado y abusado de la joven durante las fiestas patrias del año 2021. El testimonio de la víctima fue determinante en la detención de los acusados, llevada a cabo el jueves 2 de mayo.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos.

La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio.

Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos.

Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.