Caso Luminarias Led Iquique

El miércoles 6 de mayo pasado del año 2020, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) Iquique de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, realizaron diversas diligencias en el municipio de esta ciudad y en domicilios de particulares, incautando computadores y documentación contable de propiedad de los imputados por diversos ilícitos económicos.

Tras dos años de investigación, dicha unidad especializada desarrolló una investigación acuciosa y profesional por los delitos de cohecho y violación de secreto, respecto de procesos licitatorios de recambio de luminarias led en Iquique.

Este tipo de delito, requiere de una metodología de trabajo, por lo que se conformó una fuerza de tarea quienes por medio del análisis criminológico de la información lograron reunir medios probatorios, que permiten establecer vínculos entre las personas que fueron detenidas, quienes se habrían coordinado de manera ilícita generando acciones para facilitar y favorecer una adjudicación fraudulenta de licitación.

El Subprefecto Juan Carlos Ramírez, Jefe de la BRIDEC, señaló que “los detectives realizaron un trabajo coordinado con las Fiscalías y Brigadas de Delitos Económicos de otras regiones, conformando una estrategia que dio como resultado que las Brigadas de Delitos Económicos de Iquique y Chillán, realizaran intervenciones y detenciones de cuatro concejales, tres funcionarios municipales y ocho particulares por los delitos de cohecho, violación de secreto, asociación ilícita, soborno y lavado de activos”.

En la audiencia de control de detención efectuada el viernes 8 y sábado 9 de mayo del 2020, se decretó prisión preventiva para tres concejales, dos funcionarios municipales y al dueño de la empresa Itelecom, mientras que el resto de los imputados quedaron con arresto domiciliario total.

Respecto a los dos detenidos en la ciudad de Chillan, y que fueron detenidos respecto a una arista de la investigación que lleva la Brigada especialidad de Iquique junto a la Fiscalía Local, se decretó igualmente la medida cautelar de prisión preventiva para el Juez de Policía Local y al Administrador Municipal.

Y ayer, dos acusados fueron condenados por ofrecer dinero a concejales y funcionarios públicos para obtener la licitación por instalación de luminarias led; licitación que le fue adjudicada en un primer momento, pero después se dejó sin efecto.

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.