Se incautaron 1.089 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Iquique

1.089 cajetillas de cigarrillos ilícitos de diferentes marcas fueron incautadas en la ciudad de Iquique, en un procedimiento realizado por personal S.I.P de la 1ª Comisaría de Carabineros, que equivale a una evasión tributaria de $2.352.240.

La fiscalización se realizó al interior de un local del sector agropecuario ubicado en calle Progreso, donde se detectó una gran cantidad de cigarrillos de contrabando. El procedimiento finalizó con la detención de un individuo, que fue puesto a disposición de la fiscalía local de Iquique, y el decomiso total de la mercancía ilícita, avaluada en $2.940.300.

Cabe destacar que delitos de esta magnitud arriesgan penas incluso de cárcel, ya que en mayo pasado se aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ordenanza de Aduanas en materia de endurecer las sanciones al delito del contrabando de cigarrillos, que implica en el caso del delito por sobre las 25 UTM, la condena de multa entre 1 y 5 veces el valor de la mercancía, y la privación de libertad en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años).

Según el último informe “Contrabando de cigarrillos como forma de criminalidad organizada” de la académica de la Usach, Lucía Dammert, controlar el contrabando es de suma relevancia debido a su vinculación con otros mercados ilícitos a través del crimen organizado: como lo es el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, migrantes y otras mercancías que incluye también a las que son permitidas en la economía legal, como los cigarrillos.

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.