Diputado Renzo Trisotti llama a despachar lo antes posible proyecto que crea un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

El parlamentario UDI aseguró que la iniciativa busca facilitar el cumplimiento de dicha responsabilidad, considerando que el año pasado un 84% de los alimentantes del país mantenía pensiones impagas.

El diputado por la Región Tarapacá, Renzo Trisotti (UDI), llamó a sus pares de la Cámara Baja, en especial de la comisión de Familia, a despachar lo antes posible el proyecto de ley que crea un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos a objeto de fomentar el pago de dicha responsabilidad, considerando que el año pasado un 84% de los alimentantes mantenían pensiones impagas, afectando directamente el desarrollo y crecimiento de sus hijos.

Al respecto, el parlamentario gremialista valoró que la comisión de Familia haya iniciado la tramitación de dicho proyecto, el que espera sea despachado lo antes posible para que pueda ser votado en Sala, considerando que el objetivo es mejorar el actual sistema de pago de las pensiones de alimentos a través de la creación de un registro, en el que estarán incluidos todos los alimentantes que adeuden al menos tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas.

“La única finalidad de este proyecto es que de una vez por todas los padres que tengan a su cargo la pensión de un hijo cumplan a tiempo con su obligación. Cuando se aprobó el retiro del primer 10%, nos dimos cuenta de una cruda realidad que vivían miles y miles de niños, y por eso fue que rápidamente presentamos una serie de propuestas que consistían en hacerle prácticamente la vida imposible, en materia civil, a quienes de manera irresponsable no cumplían con sus obligaciones”, sostuvo Trisotti.

Justamente, el diputado por Tarapacá explicó que el proyecto ingresado por el Gobierno incluye propuestas como prohibir la obtención y/o renovación de la licencia de conducir y del pasaporte para quienes sean incluidos en dicho registro. Además, la iniciativa incorpora otras medidas como la retención de indemnizaciones laborales, devoluciones de impuesto a la renta, pago de honorarios y otras pensiones para quienes mantengan cuotas impagas, como también la retención de los eventuales beneficios sociales que pudieran recibir.

“Esperamos que el Congreso siga tramitando este proyecto con la misma velocidad, porque hay muchas familias, en especial madres, que todos los días tienen que ingeniárselas para alimentar, vestir y educar a sus hijos debido a que el padre no ha cumplido con su responsabilidad. Esta es una obligación que tienen los alimentantes y tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar el pago de las pensiones”, insistió Trisotti.

Valparaíso, 03 de mayo de 2021

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre Lukas Jesús Román Avilés, uno de los nueve excadetes de Cobreloa acusados de participar en una violación grupal en septiembre de 2021. El futbolista, actualmente jugador de Santiago Morning, fue dejado en libertad este viernes bajo medidas cautelares de firma quincenal y prohibición de acercarse a la víctima y sus familiares.

Según el Ministerio Público, el incidente en cuestión involucró a nueve jóvenes, incluyendo dos jugadores del primer equipo de Cobreloa: Rivaldo Hernández y Luciano Parra, quienes fueron detenidos la semana pasada durante un entrenamiento. La Fiscalía formalizó a todos los imputados el 3 de mayo bajo las causales de peligro para la sociedad y para la víctima, estableciendo un plazo de 120 días para llevar a cabo la investigación.

A pesar de la liberación de Román Avilés, los otros ocho acusados permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las diligencias investigativas. La decisión de revocar la medida cautelar a Avilés fue tomada tras revisar los recursos de apelación presentados por la defensa.

El caso ha conmocionado a la comunidad futbolística y a la sociedad en general. Las medidas cautelares aplicadas a Román Avilés incluyen además la prohibición de comunicarse con los demás imputados, una estrategia para evitar cualquier interferencia en el proceso investigativo. El Ministerio Público ha insistido en que la medida fue tomada con cautela, asegurando que la investigación continuará de manera rigurosa para esclarecer lo sucedido.

La Compañía de Jesús anunció la expulsión de Felipe Berríos, reconocido sacerdote y fundador de Techo, tras concluir un proceso administrativo penal en su contra. La decisión fue tomada después de que el padre general de la orden en Roma evaluara las pruebas reunidas en la investigación previa canónica, que determinó la verosimilitud de las acusaciones de connotación sexual presentadas por ocho denunciantes.

El Vaticano le ha prohibido ejercer públicamente el sacerdocio y tener cualquier contacto pastoral con menores de edad durante un periodo de 10 años.

El proceso penal fue liderado por Dante Simón, vicario judicial de la Arquidiócesis de Córdoba, quien evaluó los antecedentes y escuchó la defensa de Berríos. Los hechos investigados, en su mayoría, fueron reportados por siete mujeres que afirman haber sido víctimas de Berríos entre los 14 y 23 años de edad, mientras él actuaba como guía espiritual. Simón también examinó una octava denuncia y posteriormente envió sus conclusiones a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma.

La Compañía de Jesús ha declarado a Berríos culpable de violar el sexto mandamiento (no cometerás actos impuros) con menores de edad y de incitar a pecar en relación a este mismo precepto durante la confesión. La orden emitió una disculpa pública, señalando: “Como Compañía de Jesús, con humildad pedimos perdón a las víctimas, sus familias y cercanos por el dolor causado. Hechos como estos jamás deberían ocurrir”.

Pese a que Berríos había presentado previamente su renuncia a la orden, no había solicitado su dimisión. En una carta a sus allegados, criticó a la Compañía de Jesús por no haberle brindado apoyo durante el proceso y anunció su salida para regresar al campamento Luz Divina en Antofagasta.

En junio de 2023, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago lo sobreseyó definitivamente de una denuncia apoyada por la Fundación para la Confianza. Sin embargo, las sanciones impuestas por el Vaticano aún pueden ser apeladas.

El caso de Berríos ha generado un profundo impacto en la sociedad chilena, reflejando las complejidades y desafíos que enfrenta la Iglesia Católica en su compromiso por abordar y prevenir los abusos sexuales dentro de la institución.