El pleno decidirá la viabilidad del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que crea una nueva regulación en protección social para trabajadores a honorarios. Organizaciones sindicales afines insisten que el camino ideal es prorrogar la actual normativa vigente que a partir de la Operación Renta 2019 retendría el 10 por ciento de sus impuestos declarados en 2018.

Una intensa discusión se dio en el pleno de la Cámara de Diputados que debate el proyecto de ley sobre cotización obligatoria para independientes el que será votado este jueves.

Esto luego de que el Gobierno diera discusión inmediata a la iniciativa, que en lineas gruesas, modifica las normas para la incorporación de las trabajadoras y trabajadores a honorarios a los regímenes de protección social.

La nueva normativa propone aumentar gradualmente la retención de la declaración de impuestos, del 10 por ciento actual, para llegar al 17 por ciento en 2027.

Durante el debate en Sala, el diputado de la Democracia Cristiana Raúl Soto, planteó sus dudas con la iniciativa, ya que, para él, la obligatoriedad de cotizar en AFP se debe discutir después del proyecto de reforma previsional impulsado por el Ejecutivo.

“Los trabajadores a honorarios del sector público son dependientes, por lo que el Estado debe dejar de ser el peor empleador de nuestro país. De una vez por todas saldemos esta deuda. Si no se aprueba la indicación para postergar hasta el año 2022, que es lo que nos vamos a jugar muchos de nosotros, y yendo al proyecto de fondo, generemos la alternativa de una gradualidad que efectivamente va a tener un impacto mucho menor en el bolsillo de los trabajadores”, afirmó.

Cabe destacar que hoy está vigente una ley que descontaría el total de la retención de impuestos del 2018, en la Operación Renta de 2019.

Por eso, la disyuntiva de los diputados es aprobar este proyecto de gradualidad  o insistir en un nuevo aplazamiento de la normativa que retiene el 10 por ciento de las boletas impositivas.

Al respecto, el diputado de la UDI, Patricio Melero, indicó que los trabajadores independientes a honorarios deben incorporarse al sistema de AFP para que, según indicó, tengan al final de su vida laboral, una pensión digna.

“Con la sinceridad de quienes nos pifian, yo no quiero verlos en las listas de las municipalidades buscando una pensión básica solidaria el día de mañana, entonces basta ya de demagogia, basta de populismo, basta ya de postergaciones una vez más, y recojamos la esencia de lo que esto tiene, que miles de chilenos se puedan incorporar a la formalidad, para que el día de mañana tengan una jubilación digna”, subrayó.

En tanto, desde la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), insistieron que la ley sobre obligatoriedad de cotización se debe postergar una vez más, ahora hasta el 2022.

El presidente de UNTTHE Patricio Tapia, manifestó su preocupación y oposición a destinar gran parte de sus salarios a un sistema de pensiones deslegitimado, que, según el dirigente, no asegura una jubilación decente.

“Si bien el actual sistema de AFP está totalmente desprestigiado, ha perdido toda validez, el Gobierno en su proyecto de reforma previsional no está presentando una alternativa a las administradoras, por lo que va a seguir siendo el modelo reinante. Por lo que una prórroga no es algo antojadizo de UNTTHE, a lo cual ellos responden con esta gradualidad, porque creemos que primero se debe sentar las bases de los derechos y después la cotización. Es el orden que nosotros creemos que hasta el día de hoy debe existir”, argumentó.

En su segundo trámite legislativo, el proyecto deberá ingresar nuevamente al Senado para discutir las modificaciones que fueron realizadas en las comisiones de Trabajo y Hacienda de la Cámara Baja.

Según recientes cifras oficiales,  hasta septiembre del año pasado un 6,1 por ciento del total de trabajadores independientes del país cotizó en el sistema de AFP, la tasa más baja desde 2012.

En tanto, según datos de la UNTTHE, existen más de 380 mil trabajadores a honorarios en el Estado, los que no cuentan con derechos en salud por la carencia de un contrato laboral, así como tampoco a derecho a huelga.

La obligatoriedad de cotizar para los que emiten boleta al Servicio de Impuestos Internos repercutirá en casi un 20 por ciento de su sueldo mensual, al no ser reconocidos como funcionarios.