IPS TARAPACÁ: MÁS DE 21 MIL FAMILIAS YA HAN RECIBIDO EL APORTE FAMILIAR PERMANENTE (EX BONO MARZO)

El IPS hace un llamado a las familias que aún no han cobrado el beneficio para que se acerquen a retirarlo.

En la región de Tarapacá el Aporte Familiar Permanente 2018 (ex Bono Marzo) ya ha sido entregado a más de 21 mil familias de menores ingresos. El Estado ha desembolsado más de 2 mil millones de pesos en la entrega de esta ayuda estatal.

Para las personas que aún no han cobrado el Aporte Familiar Permanente, el Instituto de Previsión Social, a través de su red ChileAtiende, ha dado inicio a su campaña de difusión denominada ¡Cobra tu Aporte a tiempo!

Si bien más de 21 mil familias han cobrado el Aporte en la región, lo que corresponde a la mayoría de los beneficiarios, se estima que aún hay un poco más de 190 familias que no han hecho el cobro de este beneficio. El IPS hace un llamado para que las personas que aún no han cobrado se acerquen a retirar su beneficio, dado que existe un plazo de 9 meses para cobrar, lo que comienza a vencer en diciembre próximo. Además la dirección regional comenzó realizar gestiones con todos los municipios rurales de Tarapacá, para que ubiquen a las personas que aún no han cobrado al Aporte Familiar Permanente y así se acerquen a alguna de las tres sucursales del IPS en la región y pueden acceder al beneficio.

Cabe recordar que, para este 2018, el Aporte Familiar Permanente tuvo un valor de $45.212 por carga o familia, según el tipo de beneficiario.

A quienes crean cumplir con los requisitos, pueden consultar el derecho al beneficio y dónde cobrar en www.aportefamiliar.cl o llamar al Call Center 600 440 0040 o de manera presencial en las oficinas del IPS ubicadas en calle Tarapacá 568, Iquique; Avenida La Pampa 3117 local 6, Alto Hospicio y en calle Alduante 310, Pozo Almonte.

Recordemos: en qué consiste el beneficio

El Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), es un beneficio en dinero que se paga todos los años en el mes de marzo, y su objetivo es aliviar el impacto en el presupuesto familiar por los gastos que deben enfrentar las familias en ese período del año. Se entrega a las personas que tenían derecho a pago de Asignación Familiar (por sus cargas familiares) a diciembre del año 2017; y a quienes a la misma fecha pertenecían a Chile Solidario o al programa asociado al Ingreso Ético Familiar.

En una nueva etapa de la investigación del caso Democracia Viva, la diputada Catalina Pérez, cuya militancia está suspendida en RD, compareció ante la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional en Santiago. La parlamentaria fue interrogada en calidad de imputada por los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar.

La presencia de Pérez en esta instancia se suma a las declaraciones previas de figuras prominentes, como el ministro Carlos Montes y Verónica Serrano, exjefa nacional de Asentamientos Precarios y tía de Miguel Crispi (RD), quienes actuaron como testigos.

Al término de su declaración, el abogado Gonzalo Medina, líder de la defensa de la diputada, afirmó que su representada acudió voluntariamente y renunció a su derecho a guardar silencio. Según Medina, Pérez sostuvo que nunca tuvo participación en la selección de fundaciones ni en la asignación de recursos relacionados con el caso. Asimismo, negó haber recibido fondos vinculados a los convenios investigados, destacando su deseo de que estas declaraciones pongan fin a las especulaciones.

En respuesta, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, informó que tanto Pérez como otros declarantes respondieron todas las preguntas. Además, señaló que las diligencias realizadas en Santiago forman parte del avance de la investigación de la arista Democracia Viva del denominado Caso Convenios.

Castro Bekios detalló que se investigan 82 convenios distribuidos en 12 regiones del país, por un monto aproximado de 8 mil millones de pesos. Ante la pregunta sobre la posibilidad de citar nuevamente a quienes ya han declarado, el fiscal indicó que mientras la investigación esté en curso, no se descarta la necesidad de nuevas comparecencias.

A solo un mes de su audiencia de formalización por presuntos delitos de corrupción, el alcalde Jadue se vio impedido de abordar un vuelo con destino a Venezuela, donde había sido invitado por Nicolás Maduro evento internacional. La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo su ingreso al avión al constatar la alerta activa en su contra.

Ante esta situación, la defensa de Jadue solicitó una cautela de garantía, argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedir su viaje y exigieron la anulación de la alerta y la declaración de que no tiene prohibición de salir del país. Sin embargo, la magistrada Katherine Román desestimó estas solicitudes, señalando que no se evidencia una vulneración del principio de igualdad ante la ley.

Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, explicó que la alerta temprana es una herramienta de coordinación con la PDI, específicamente con Extranjería, para controlar los traslados migratorios de personas sujetas a investigaciones penales. En el caso de Jadue, señaló que esta medida es habitual y tiene como fin alertar sobre movimientos de interés para la persecución penal.

El abogado defensor, Ramón Sepúlveda, calificó la acción de la PDI como una "retención o detención ilegal" y denunció la vulneración de varios derechos y garantías legales y constitucionales. Sin embargo, la resolución del tribunal confirmó la legalidad de la actuación policial en este caso.