UDI piden al Gobierno que deje de buscar excusas para no expulsar administrativamente

La directiva de la UDI, liderada por la secretaria general, María José Hoffmann, y los diputados Renzo Trisotti y Felipe Donoso, hicieron un llamado al Gobierno para que deje de buscar excusas para no expulsar administrativamente a los migrantes ilegales.

“El llamado es a que se sincere con el país, si van a privilegiar su ideología de puertas o fronteras abiertas o van a cumplir con la ley y expulsar administrativamente a quienes ingresan clandestinamente” subrayaron.

La secretaria general, María José Hoffmann, comentó que “el esfuerzo del gobierno, respecto a esta materia es insuficiente frente al nuevo escenario delictual, donde han aumentado los delitos con mayor connotación social por parte de las bandas extranjeras”.

A su tuno, el diputado de la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, añadió que “le exigimos al gobierno que se ponga de acuerdo consigo mismo. Tienen que actuar con firmeza, decisión y urgencia, ya que son tres características que no hemos evidenciado en el control migratorio. Las consecuencias no solo las está pagando el norte del país, sino que todo Chile”.

El diputado, Felipe Donoso, agregó que “no podemos esperar que haya un nuevo cabo Palma, que fue asesinado por personas que tenían un ingreso ilegal y que contaban con órdenes de detención, eso no puede estar pasando en Chile, y pasa por el no actuar del gobierno de turno”.

Según la Encuesta Nacional Bicentenario 2022 de la UC, la preocupación está centrada en la inmigración ilegal o desordenada. Hay una sensación de conflicto que va relacionada con la explosión de seguridad que hemos vividos estos últimos meses.

“Un millón de extranjeros llegaron en menos de 5 años, la gran mayoría como turistas y, en el último tiempo, ingresando clandestinamente”, sostuvieron.

Situación, finalizaron la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann y los diputados, Renzo Trisotti y Felipe Donoso que “ha generado que un 71% cree que la migración ilegal es un problema “grande” en el país, por eso, desde la nuestro Partido pedimos que es importante que el gobierno tenga una sola voz respecto a este tema”.

Tras la derrota en el Clásico Penquista frente a Deportes Concepción, el panorama en Fernández Vial se ha oscurecido aún más, con una crisis que se extiende tanto en lo deportivo como en lo administrativo. El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) emitió un comunicado en el que denunció la situación financiera del equipo aurinegro, señalando deudas mayores a las previstas.

"Solicitamos a la ANFP que procedan con la retención de la garantía de participación de Fernández Vial por sueldos impagos de marzo. Además, el club adeuda finiquitos de dos jugadores y pagaré por operación de accidente laboral a otro futbolista", expresó el SIFUP a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la voz de los jugadores también se hizo escuchar. En un comunicado, detallaron las difíciles condiciones en las que están trabajando, revelando deudas por remuneraciones correspondientes a marzo de 2024, así como atrasos en los pagos de viviendas, lo que ha llevado a algunos compañeros a enfrentar la exigencia de abandonar sus lugares de residencia.

Además, señalaron que el cuerpo técnico también enfrenta deudas impagas de años anteriores y que han tenido que lidiar con precarias condiciones laborales durante los últimos cuatro meses, incluyendo lugares de entrenamiento inadecuados, problemas con viajes, alimentación y falta de indumentaria deportiva.

A pesar de todo, los jugadores desmintieron los rumores de que no se presentarían al próximo encuentro contra Real San Joaquín, reafirmando su compromiso con el equipo y su afición.

"Seguiremos cumpliendo nuestras labores, demostrando nuestro profesionalismo y compromiso con la hinchada vialina. Esperamos una pronta solución a todas estas problemáticas, por el bien de la institución, sus trabajadores, trabajadoras e hinchas", concluyeron los jugadores en su comunicado.

La Ley de Royalty Minero entró en vigor en enero de este año, marcando un importante paso hacia una distribución más equitativa de las riquezas generadas por la industria minera en Chile. Aprobada por el Congreso en 2023 y promulgada por el presidente Gabriel Boric, esta legislación representa un compromiso tangible con el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo sostenible.

Uno de los aspectos destacados de esta ley es la creación de un mecanismo de Fondos Puente, que permite adelantar recursos a los municipios antes de que el royalty comience a recaudar fondos en 2025. En este sentido, más de 93 mil millones de pesos serán entregados este año a comunas beneficiadas, beneficiando directamente a 12 millones de personas en todo el país.

La implementación del royalty minero busca no solo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también promover el desarrollo regional y la equidad territorial. Con una recaudación estimada en 1.350 millones de dólares anuales a partir de 2025, se destinarán fondos significativos para potenciar el crecimiento económico y social en todas las regiones.

De esta recaudación, 450 millones de dólares se asignarán específicamente para el desarrollo regional. La mitad de estos recursos se distribuirán entre los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, mientras que la otra mitad se destinará al 90% de los municipios del país mediante dos instrumentos: el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.

Los municipios beneficiarios tendrán la libertad de utilizar estos recursos de acuerdo con las necesidades más apremiantes de sus comunidades. Desde la mejora de infraestructuras hasta el fortalecimiento de servicios básicos como salud y educación, el objetivo es impactar positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es importante destacar que, aunque los municipios tendrán autonomía en el uso de los recursos, se establecerán controles para garantizar su correcta gestión. La ley exige que los municipios informen a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) sobre el uso de los fondos, y esta a su vez deberá rendir cuentas al Congreso.

Además, toda esta información estará disponible para la ciudadanía a través del portal de Subdere, permitiendo una supervisión transparente y participativa del proceso.